Dieciséis de enero de 2002. La Policía de Bilbao interviene en una concentración de vecinos del barrio de Zamácola, y les obliga a hacer un pasillo que permita a 22 personas llegar hasta la puerta de un local de la plaza. Sobre el cordón policial llueven los gritos y se elevan decenas de pancartas.
Esta escena se sucede desde el 4 de julio de 2001. Los protegidos no son famosos ni personalidades políticas, sino toxicómanos sin techo que intentan pasar la noche en el centro Hontza (“búho” en euskera), un local donde pueden cenar, asearse, lavar su ropa y descansar hasta las 7 de la mañana. Desde la apertura de Hontza, tanto los usuarios del centro como los trabajadores y voluntarios de Caritas Bilbao que lo atienden, han sufrido la presión de cerca de un centenar de vecinos que se concentran frente al local para impedir la entrada. Las pintadas son ya habituales, y lo que es peor, el equipo de Caritas ha denunciado varias agresiones físicas y materiales contra su personal y sus usuarios, uno de los cuales fue apaleado frente al Hontza el pasado 9 de enero.
“No queremos la droga en el barrio”
La actitud de los vecinos de Zamácola, como la de otros barrios en la misma situación, se resume fácilmente: “Aquí no”. En el caso del Hontza, según las impresiones recogidas por la Defensora del Pueblo Vasco, los vecinos “dicen no estar en contra de la creación del centro, sino de su ubicación”. Los manifestantes de Zamácola, un barrio obrero, exigen el traslado del centro a Neguri, residencia tradicional de la burguesía bilbaína.
La historia no es nueva. Madrid, Sevilla y otras ciudades han sufrido conflictos similares durante los últimos años: una institución abre un centro relacionado con toxicómanos, los vecinos se movilizan, en algunos casos la polémica salta a los medios de comunicación y se celebran reuniones con las autoridades. Dependiendo de la presión y de los intereses implicados (comerciales, sociales, incluso turísticos) el centro continúa su actividad, se cierra, o acaba por buscársele otro emplazamiento, en otro barrio, donde la historia vuelve a empezar.
En el caso del Hontza, los comienzos no pudieron ser peores. La virulencia de las concentraciones obligó a Caritas a cerrar el centro quince días después de su apertura. Para ellos, el centro significa “drogadictos merodeando durante el día en la única plazoleta del barrio y atrayendo traficantes”, aunque dicha plaza no comunica con ningún portal. Esta descripción coincide con la mayoría de las pintadas de la fachada del Hontza, que lo describen como “centro de drogadicción”. Mientras para los vecinos los toxicómanos acuden a inyectarse, tanto Caritas como las autoridades han demostrado que Hontza no es una narcosala, sino, simplemente, un lugar de descanso. El consumo de cualquier tipo de drogas está prohibido, y tan sólo se permite el intercambio de jeringuillas. Si, durante la noche, algún usuario siente la necesidad imperiosa de salir, el equipo le traslada en un coche fuera del barrio.
El apoyo de la Coordinadora de vecinos
Cáritas hizo llegar el asunto hasta la Defensora del Pueblo Vasco. La Arerteko recogió datos de la Policía que revelaban que la zona no revistió índices de delincuencia ni de restos de jeringuillas mientras el centro había estado abierto, y,, con el apoyo del Ayuntamiento, Hontza volvió a abrir sus puertas poco antes de Navidad.
Cuando, en enero, las concentraciones vecinales llegaron hasta las televisiones, fue precisamente otro colectivo popular el que acudió en apoyo del Hontza. La Coordinadora de Grupos por la Rehabilitación de Bilbao la Vieja y el Grupo de Mujeres “Galtzagorri” denunciaron a su vez a los vecinos que se concentraban ante el Hontza por haber organizado antes patrullas ciudadanas armadas, a la vez que han convocado una campaña de apoyo bajo el lema Hontzari Bai hemen eta edonon, “Sí a Hontza en cualquier barrio”.
A la campaña ya se han sumado diversas asociaciones y artistas como Ainhoa Arteta o Kepa Junkera. Este apoyo se materializará en una manifestación en Bilbao, el 16 de febrero, para la cual han solicitado adhesiones populares, no de grupos políticos, con el único objetivo de conseguir “una sociedad basada en la solidaridad y la responsabilidad ante las problemáticas que nuestro modelo de sociedad está generando”.
A pesar de que la Coordinadora busca para el Hontza el apoyo popular más que el institucional, el Ayuntamiento de Bilbao aprobó por unanimidad el mantenimiento del centro el pasado 4 de febrero. Pero “las cosas de Palacio van despacio”, como comentaba una trabajadora de Caritas. Mientras, Hontza abrirá sus puertas cada noche y los toxicómanos bilbainos que lo necesiten podrán utilizar sus servicios, aunque tengan que llegar protegidos por la policía, de los vecinos que, paradójicamente, les acusan de traer delincuencia y conflictos a su barrio.
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